Los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León se reúnen el jueves en Santiago para coordinarse contra los peajes

Representantes de los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León se reunirán el próximo jueves en Santiago de Compostela con el objetivo de abordar de forma coordinada acciones que permitan acabar con los pagos de los peajes tanto en la AP-66 como en la AP-9.

Así lo ha avanzado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Mantendremos un nuevo encuentro de trabajo para seguir avanzando en una posición compartida ante las instituciones europeas y estatales, tanto en el ámbito público como en el ámbito administrativo", ha indicado Calvo.

El dirigente asturiano ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) para poner fin al peaje del Huerna, en la AP-66 que une Asturias con León, y acabar así con un "agravio histórico" que lastra las comunicaciones entre la comunidad y la meseta tanto para la ciudadanía como para las empresas.

El Ejecutivo da así luz verde al inicio de las acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para proceder a la revisión de oficio de la prórroga del peaje de la autopista del Huerna (A-66) hasta 2050.

La iniciativa del Principado, ha dicho Calvo, responde a la defensa rigurosa de la legalidad ante una decisión, la de la prolongación del canon, que presenta "indicios fundados de nulidad radical".

Ha recorado la exixtencia de un dictamen de la Comisión Europea que acredita irregularidades en el proceso de tramitación de la prórroga aprobada en el año 2000 por un gobierno del Partido Popular.

Esa prórroga constituye, a juicio del Ejecutivo asturiano, una modificación sustancial del contrato original con la concesionaria de la autopista del Huerna, dado que amplía en 29 años su duración y altera de forma significativa sus condiciones económicas en favor de la empresa.

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea, este tipo de modificaciones exige una nueva adjudicación, por lo que debería haberse sometido a un proceso de licitación pública con plenas garantías de transparencia, igualdad y libre concurrencia, requisitos que no se cumplieron en este caso.

Calvo ha comentado que el Gobierno del Principado trabaja en varias líneas para restablecer la legalidad y acabar con una situación injustificada y perjudicial. Así, desarrolla una labor coordinada con las instituciones europeas para afrontar una revisión de fondo del proceso en el que modificaron las condiciones de la concesión para ampliar su vigencia durante 29 años más.

También mantiene una estrecha colaboración con las administraciones de Galicia y Castilla y León para abordar de forma coordinada acciones que permitan acabar con los pagos, tanto en la AP-66, como en la AP-9.

En paralelo, el Principado ha impulsado actuaciones específicas para reclamar la suspensión del cobro del peaje o la aplicación de mecanismos de compensación ante la sustancial merma en la calidad del servicio provocada por las obras que se realizan en diferentes puntos de autopista del Huerna. Pese a ello, la concesionaria mantiene íntegro del coste del canon.