Rueda: "Si hay consecuencia indemnizatoria" por el Pazo de Meirás "habrá que acatarla"
La Xunta remarca que es el Gobierno el que debe asumir cualquier compensación y le urge retomar las visitas y abrir todo el inmueble
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, tras concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado. La sentencia, unánime en la Sala de lo Civil, desestima los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco y establece que los herederos de Francisco Franco tienen derecho a una indemnización cuando restituyan el inmueble.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha declarado sobre esta resolución que "si hay una consecuencia indemnizatoria, habrá que acatarla", reconociendo que la justicia es clara y afirmando que dicha obligación debe ser cumplida, "guste o no".
El Supremo ha señalado que los moradores del Pazo no pudieron poseer la finca como dueños hasta la década de los 90, puesto que no ha transcurrido el plazo legal de 30 años requerido para adquirir la propiedad mediante prescripción. Además, no se aprecia una desafectación táctica que haya modificado el carácter público del inmueble.
Asimismo, la sentencia indica que la demanda presentada mencionaba expresamente que la familia Franco poseía el Pazo de buena fe, motivo por el cual se reconoce el derecho a recibir una indemnización por la devolución del bien.
Reacción institucional y gestión futura
Desde la Consellería de Cultura han expresado que la Xunta de Galicia "respeta" la decisión del Tribunal Supremo y celebra que el Pazo de Meirás permanezca en el patrimonio público. Asimismo, han enfatizado que ahora que ha concluido el proceso judicial, corresponde al Gobierno central, como propietario del inmueble, recuperar lo antes posible las visitas públicas.
En relación con la compensación económica, se subraya que será responsabilidad de esta administración asumir cualquier indemnización derivada de la sentencia.
Acceso y apertura al público
Por otra parte, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha valorado positivamente la decisión del Tribunal Supremo y ha instado al Gobierno central a abrir el Pazo en toda su extensión. Ha señalado que durante los últimos cinco años, el acceso ha estado limitado a una parte del inmueble, y recomienda que la ciudadanía pueda visitarlo completamente.
Destaca que el edificio cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que implica que debe estar abierto al público conforme al horario que establece la ley.
