La Xunta ve "insuficiente" la reforma de la financiación de dependencia y reclama al Gobierno 3.000 millones de deuda
La Conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha señalado este lunes que la reforma de la financiación del sistema de atención a la dependencia impulsada por el Gobierno central "es insuficiente" y que "no llegará a cubrir el 40% de los costes", por lo que aún "queda lejos del 50% dispuesto por ley".
Como consecuencia, ha dicho, esto "provocará un aumento de la deuda con Galicia", que "ya supera los 3.000 millones" y de la que ha exigido al Ejecutivo central su pago a la comunidad.
Durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, Fabiola García ha denunciado la "falta de garantías" de la modificación impulsada por el Ejecutivo central y ha reclamado que se regule en la ley de dependencia la estabilidad del sistema, financiando el 50% del costo real de la dependencia, como ya firmó con el País Vasco.
En su intervención, la conselleira ha hecho hincapié en que, pese a la reforma, "la financiación no alcanzará en ningún momento" el 50% dispuesto por ley. Ademas, ha señalado que la aportación del Gobierno central la Galicia se fue reduciendo progresivamente, pasando de un 34% en el 2024 a un 32% en el 2025, elevando la deuda acumulada la más de 3.000 millones.
Fabiola García ha solicitado que se adapte la financiación del sistema de dependencia a la realidad territorial de Galicia, dándole más peso a la dispersión y al envejecimiento de la población y ha exigido que "se le dé a Galicia el mismo trato que al País Vasco", una comunidad con la que el Ejecutivo central ya ha firmado el compromiso de asumir el 50% del coste real de la dependencia.
HOMOLOGACIONES DE DISCAPACIDAD
Por último, la conselleira ha denunciado que el Gobierno central aborda las homologaciones de discapacidad y dependencia de manera incompleta, excluyendo los beneficios fiscales del grado de discapacidad reconocido mediante homologación.
Sobre esta cuestión, puso de ejemplo la medida implantada por Galicia en 2025, y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, y ha destacado que la homologación de los grados de dependencia y discapacidad "debe producir efectos plenos y no restar derechos".
"Excluir el reconocimiento a efectos tributarios supone una limitación de los derechos implícitos al reconocimiento y, en la práctica, impediría que la discapacidad sea reconocida de forma plena", ha apostillado.