Un policía urbanístico de Santiago se enfrenta a cuatro años de cárcel por falsificar el informe de una obra
La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, ha acogido este miércoles la audiencia preliminar contra un funcionario del Ayuntamiento de Santiago acusado de falsificar un informe que certificaba la finalización de una obra y que, en realidad, aún no había comenzado. La Fiscalía solicita para él cuatro años de prisión.
La audiencia preliminar ha comenzado pasadas las 10,30 horas pero no se ha prolongado en el tiempo, toda vez que el acto fue suspendido y remitido al juzgado de instrucción al tenerse en cuenta que la acusación particular solicitaba, además, que el Consistorio compostelano asumiese la responsabilidad civil subsidiaria.
Según figura en el escrito de la Fiscalía, el acusado ejercía como policía urbanístico en el momento de los hechos por los que se le acusa, ocurridos en 2015. Según el texto, el documento falsificado "evitó que el Ayuntamiento iniciara el procedimiento de caducidad de la licencia otorgada por el transcurso del plazo previsto en la ley".
Esta licencia fue concedida en julio de 2011 a un edificio de 30 viviendas en el marco del Plan Parcial de Fontiñas, de modo que estaba sujeta a una serie de condiciones y plazos. La supuesta falsificación fue realizada en el marco de una orden dada por la jefa de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística en mayo de 2015.
El acusado, "con ánimo mendaz" --según la Fiscalía--, elaboró un informe en junio de 2015 en el que acreditaba que el edificio se encontraba "exteriormente finalizado". Sin embargo, el escrito fiscal sostiene que las afirmaciones contenidas en el informe "no respondían a la realidad, de lo que era consciente el acusado". En este sentido, en vez de las fotos del edificio real, incluyó las de otro distinto del mismo barrio.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de prisión de cuatro años, la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y la pena de multa de 18 meses, con una cuota de 12 euros. Además, demanda la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por tiempo de tres años.